Especial Sindicatura Quiebras

Fuero comercial: concursos, convocatorias y quiebras bajo la Ley N° 154/69.

• LEY N° 154/69 "DE QUIEBRAS"
• LEY N° 4870/13 "Que crea la Sindicatura General de Quiebras"
• Ley N° 5025/13 "Que modifica los artículos 138 y 139 de la Ley N° 154/69 que sanciona la Ley de Quiebras".
• Ley N° 6481/19 "Que modifica los artículos 18, 137 y 138 de la Ley N° 154/69 que sanciona la Ley de Quiebras".

El fuero comercial tiene como pieza central el régimen concursal, regulado en nuestro ordenamiento por la Ley N° 154 de Quiebras, norma estructurada para ordenar la insolvencia y equilibrar el interés del deudor en conservar su actividad con el derecho de los acreedores a cobrar sus créditos. 

Comprende dos instituciones esenciales: la convocatoria de acreedores, como vía preventiva o de acuerdo, y la quiebra, como etapa definitiva de liquidación patrimonial. 

La convocatoria de acreedores constituye el mecanismo de solución voluntaria y concertada. Procede ante el estado de cesación de pagos, presupuesto objetivo común a todo concurso, y se inicia a solicitud del propio deudor o, en ciertos supuestos, por los acreedores. Su finalidad es alcanzar un concordato: acuerdo que modifica condiciones, plazos o montos de las deudas, homologado judicialmente y vinculante para todos, que permite preservar la empresa como unidad económica y evitar su disolución. Es, por tanto, la vía privilegiada por la ley para mantener la actividad y proteger el tejido productivo. 

Por el contrario, la quiebra se declara cuando fracasa la convocatoria, no se alcanza acuerdo, o se verifica insolvencia manifiesta, abusos o incumplimientos legales. Implica la desposesión total del patrimonio, la designación de síndico, la realización de bienes y la distribución del producto conforme al orden de prelación de créditos establecido en la norma. Sus efectos alcanzan la administración, disposición y representación del patrimonio, quedando el fallido inhabilitado para actos de comercio y sometido a responsabilidades legales según su conducta. 

Ambos procesos son de competencia exclusiva de los juzgados en lo Civil y Comercial, se rigen por principios de publicidad, igualdad, verificación y legalidad, y constituyen instrumentos irrenunciables para la seguridad jurídica del tráfico mercantil. 

Para el litigante, su correcta aplicación exige distinguir presupuestos, efectos y vías de recurso, pues de ello depende la protección efectiva de los derechos de las partes involucradas.

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